La opinión sin compromisos desde una frontera segura para la verdad.
Personalmente aprecio el esfuerzo de muchos militares colombianos en su desenvolvimiento y compromiso por la paz de Colombia; no se puede homologar una actitud criminal de pocos ante un crimen tan bárbaro, como el de fusilar un joven inocente para reclamar un premio y mantener alegre al presidente de la república y sus alineados, que piden sangre a cualquier precio. Si las manifiestas acciones criminales y bárbaras de las fuerzas Armadas Colombianas pudieran ser consideradas actos de terrorismo, terroristas también tendrían que ser, aunque los componentes del régimen civil colombiano se ufanen en promulgar que su país está entre las democracias más sanas y estables del continente americano.
Si pudiéramos llamar terrorismo de estado a los falsos positivos de las fuerzas Militares, así mismo, las desapariciones forzadas a la población civil; el otrora maridaje total del ejército Colombiano con la máquina más asesina de Colombia a través de su historia: las AUC; El ataque a la población civil en estado de indefensión; sería difícil que cualquier colombiano pudiera negar persistentemente estas afirmaciones tan evidentes, por mucha derecha ideológica atosigada en su haber. La justica colombiana ya las ha tomado como particulares casos juzgados que reposan seguros en los archivos judiciales, a la luz del periodismo serio y reflexivo, además de independiente (no matriculando a los potentados mediáticos que negocian la noticia al gobernante de turno). Entonces sólo queda por afirmar que nos encontramos en medio de un conflicto sociopolítico de dos partes extrapolarizadas, ahogadas en sangre con semejantes actos de barbarie, ampliamente mostradas en la faz del mundo, donde la humilde población civil casi siempre asentada en la zona del conflicto pasa a ser sus víctimas indefensas, a vulnerabilidad total y con la única alternativa de abandonar su tierra ancestral para salvar su vida, como desplazados por la violencia, para aumentar los cinturones de miseria, mendicación, prostitución y hampa ciudadana.
El paralelismo en la barbarie de las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano ha legitimado un poco la actividad de las FARC y ELN como partes de un conflicto, por su actividad criminal comprobada contra la población civil. Este adefesio constitucional del estado colombiano fue preavisado y denunciado desde finales del siglo pasado por las ONG nacionales e internacionales, especialmente por las organizaciones de derechos humanos, que en foros internos y en el extranjero han fustigado e impugnado al gobierno de Colombia en cabeza de presidentes como Cesar Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango y al que más: Álvaro Uribe Vélez; a tal punto, que se dieron el lujo de vetar nombramientos e inclusive protestaron aireadamente a pie de cámaras, por simples visitas diplomáticas, entre otras y últimamente, cuando el Dr. Álvaro Uribe Vélez ha ingresado a países americanos y de la CEE en visitas diplomáticas, culturales y propagandísticos de su ideario belicista. Así mismo es de recordar, entre muchos casos, el rechazo del gobierno Alemán ante la cancillería colombiana, ante el nombramiento al cuerpo consular en Hamburgo, del nombrado Alfonso Plazas Vega, célebre Coronel que intervino en la masacre del Palacio de Justicia tomado por el M19, polémicamente condenado por desaparición forzada, ante el grado de polarización que cunde en el país; en esa tétrica escena de fuego, metrallas y llanto, inolvidable para todos los colombianos.
Si reconocemos que Las fuerzas militares han seguido los malos hados de la subversión en la barbarie con la apreciación: “los genocidios han sido de parte y parte”, entonces deberíamos aceptar de una vez por todas que estamos ante un conflicto armado de extremas proporciones. Por el otro lado, si impugnáramos la actividad de la subversión como narcotraficantes, también deberíamos impugnarnos 30 años de narcodemocracia, donde se presionó al estado a ejercer su función constitucional secuestrada por la coacción determinante y tentadora del cultivo, el proceso y el tráfico de los narcóticos ilegales. Porque ningún estamento institucional del país se salvó de la narcosis generada por los tentáculos de semejante máquina generadora de poder, portadora de suculencia económica y de la violencia inolvidable que marcó el alma de todos los colombianos. Estas apreciaciones deben ser parte del debate de todos los pacifistas sensatos de Colombia, casi todos provenientes de una generación que vivió de frente la violencia y que patriota e insoslayablemente desean la paz en todas las regiones de la patria. No obstante hay quienes creen que la solución debe ser bélica, aunque saben claramente que 50 años invirtiendo en la guerra, no han sido suficientes para la eliminación de la subversión, inclusive con la ayuda armamentística, logística y diplomática internacional.
Reconoceremos como aceptable la estrategia del presidente Juan Manuel Santos de consolidar la amistad con países vecinos, inclusive, donde se han mantenido al margen de las circunstancias del orden público colombiano, legitimando así de una forma, tal vez soterrada el accionar de la subversión. Países como Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y muchos más, han afirmado que en Colombia existe un conflicto armado que data desde los años 50 del siglo pasado y que su opinión sobre las FARC es reservada, particular y ajena a presiones internacionales, mientras sus militantes no irrespeten su soberanía y no intervengan las libertades y los derechos de su población civil.
Entonces… debe ser aceptable la estrategia del presidente Juan Manuel Santos al propulsar y propugnar para el uso de la palabra “conflicto” dentro del marco legal de la LEY DE VÍCTIMAS, último logro del cuerpo legislativo colombiano a favor de las víctimas de la subversión, del paramilitarismo y de las mismas fuerzas armadas. Ni siquiera lo pudo persuadir para la omisión de este término, la presión ejercida a toda impugnación de su antecesor Álvaro Uribe Vélez y sus leales servidores, y que seguramente será usado por nosotros: los pacifistas de Colombia, para forzar al gobierno y a la subversión a un diálogo de paz con cese al fuego inmediato, con bases de seriedad, equidad y garantías a todas las partes; y por la defensoría de los imputados por rebelión, que actualmente atiborran las cárceles del país.
Ni el ímpetu belicista de Álvaro Uribe Vélez pudo exterminar las FARC y el ELN; aunque es innegable que las golpeó inmisericordemente en su espinazo, dando de baja militantes de su secretariado, y así mismo, promulgando el terrorismo de esta agrupación en todos los confines del mundo, con el gasto inconmensurable que nos alejaba el sueño de una mejor educación a la niñez, a buenos servicios de salud, es decir, más cobertura institucional en aquellos lugares donde precisamente se suscitó la violencia a su ausencia total. Hay que comenzar a pensar en cambiar el marco legal de muchas de las reglas de juego en las políticas colombianas aplicables a esta dura guerra, que no termina, y sofocar un poco los odios suscitados: requerimiento básico para el logro de una paz consolidada, que nos garantice un país mejor, donde podamos caber sin distingo político, de razas, de credos, de tenencias logradas con esfuerzo, todos los nacionales.
Por: Arturo Muskus Villalba
